La Unión Europea pretende debilitar (de nuevo) el contenido de la futura ley de suministro responsable de minerales en conflicto

coltan-mina-en-rubaya-cooperativa-en-goma-78La Red europea de ONGD para África Central (EurAc), en la que participa ALBOAN, lanzó el pasado día 10 de noviembre un comunicado de prensa advirtiendo del peligro que corre la futura ley de suministro de minerales procedentes de zonas en conflicto. 


Las negociaciones de dicha regulación, que se iniciaron hace más de dos años, en 2014, entraron en su recta final en 2016, el pasado mes de junio. Fue entonces cuando el denominado trílogo (el diálogo a tres bandas que mantienen las instituciones europeas: la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el Senado) alcanzó un acuerdo político sobre el contenido y alcance de la ley.

Desde la sociedad civil europea acogimos dicho acuerdo con una mezcla de sentimientos. Por un lado, vemos positivo el hecho de que se avance en la regulación de una forma de comercio cuyas consecuencias indirectas son letales para muchas comunidades con las que trabajamos, como las del este de la R.D.Congo. Por otro, consideramos que el acuerdo alcanzado era insuficiente, pues deja fuera de su alcance a las empresas que importan productos acabados (como móviles, tabletas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos). Sólo tendrán los importadores directos de mineral en bruto o procesado (en forma de barras, chapas, alambres, etc.) tendrán obligación de declarar origen.

A partir de ese momento, sólo quedaban por cerrar los aspectos «técnicos» de la ley. Pues bien, también aquí nos encontramos con que la Unión Europea pretende debilitar el contenido de la ley.

La propuesta que hay sobre la mesa a día de hoy fija unos umbrales de mineral demasiado indulgentes para las empresas.

Es preocupante, por ejemplo, que el umbral mínimo de oro para quedar obligado a declarar el origen de procedencia se halla propuesto en 100 kilos. Esa cantidad ocupa relativamente poco espacio y, sin embargo, tiene un valor de mercado que ronda los 3 millones de euros. Estamos hablando de que todas esas transacciones podrían terminar financiando la compra de armas en los países de extracción, lo cual es moralmente inaceptable. Puedes encontrar una argumentación más detallada en el siguiente documento (que está en inglés).

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