“La compra pública ética supone incorporar una cadena de valor sostenible y respetuosa con los DDHH”

¿Qué es la Compra Pública Ética?

Se trata de un concepto elemental, ya que estamos hablando de que todo el dinero destinado a la compra de suministros y a la contratación de obras y servicios por parte de la administración pública se haga con criterios de sostenibilidad social y ambiental. A partir de ahí podemos abrir todo un abanico de temas, tales como: derechos humanos, comercio justo, temas de género, inserción socio-laboral, calidad en el empleo…

¿De qué manera contribuye la compra pública ética a promover la justicia social en nuestro entorno más próximo?

El objetivo fundamental es perseguir la cohesión social, la igualdad de oportunidades, y asegurar el respeto por los derechos laborales. Carece de sentido que continuemos destinando una cantidad ingente de dinero y presupuesto público a contratar con empresas, que no sólo no son responsables, sino que en muchas ocasiones son irresponsables. Eso es ir en sentido contrario a las demandas de la ciudadanía y también contra una cuestión muy lógica: la eficiencia del gasto público. Podemos lograr beneficios sociales, cohesión social, también podemos lograr beneficios añadidos en el ámbito social o ambiental a través de incorporación de criterios sociales y ambientales en la adjudicación de contratos públicos, y desgraciadamente no se hace.

¿Existe oferta de empresas sociales y responsables?

Claro que hay oferta y además tiene un doble valor:

• Premiar a las empresas que ya son responsables.
• Incentivar a aquellas empresas que están valorando orientarse hacia ese sector y que vean una oportunidad de negocio.

Podríamos plantearlo en otros términos: que sea una oportunidad de negocio para empresas responsables, con todo lo que lleva detrás relacionado con la consecución de beneficios añadidos en el ámbito social y ambiental.

Muchos de los productos que consumimos están asociados a la violación de derechos humanos más allá de nuestras fronteras, tal y como venidos denunciando desde Tecnología Libre de Conflicto, ¿puede la compra pública ética generar un cambio para promover prácticas de suministro responsable?

Creo que es un elemento fundamental porque ahí estamos hablando de poner todas las piezas sobre el tablero: hablamos de países empobrecidos, de derechos humanos, de la interconexión de unos países con otros, de todo un ciclo de vida de producto –desde la extracción, producción, transporte, comercialización-. Cuando hablamos de compra pública ética estamos hablando de incorporar una cadena de valor sostenible, responsable, que cumpla derechos humanos, que proporcione igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Conseguir todo eso es algo sencillísimo tanto técnica, como jurídicamente. Se trata nuevamente de volver a primar e incentivar, o contratar directamente con aquellas empresas que están aportando una responsabilidad social a lo largo de toda la cadena de suministro.

Con la Campaña Compra Pública Ética queremos conseguir que nuestros ayuntamientos y entidades públicas, tengan en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales, y no sólo el precio o las características técnicas a la hora de renovar sus renovar sus equipos informáticos (ordenadores, pantallas, etc.) o adquirir nuevos productos electrónicos (móviles o tabletas).