Esta es la segunda de tres entradas sobre nuestro paso por el Mobile Social Congress
El primer día del Mobile Social Congress comenzó con la presentación del documental “Projecte Mòbil” (2018) que aborda algunos de los problemas medioambientales, sociales y laborales asociados al ciclo de vida de la telefonía móvil en el actual modelo de consumo. Comenzando desde las minas congoleñas donde se extraen los denominados “minerales de sangre”, hasta las fábricas Chinas donde se ensamblan los dispositivos que llegan a nuestras manos.
Partiendo de esa visión general, el primer panel de la mañana estuvo dedicado a analizar los impactos sociales de la minería, que se hallan en el origen de las cadenas de suministro de la electrónica. Cuando abordamos este problema, a menudo la atención se centra en cuatro minerales concretos: el tantalio, estaño, el wolframio y el oro. Éstos han sido objeto de diferentes regulaciones, tanto en EEUU como en Europa, para evitar que su comercio termine financiando el crimen organizado y los grupos armados que operan en zonas de conflicto, como el este de la República Democrática del Congo o algunos departamentos de Colombia. Allí el tipo de minería que se da es fundamentalmente artesanal y a pequeña escala, donde la explotación infantil, los trabajos forzosos y la violencia sexual son moneda de cambio común ante la falta de controles.
Sin embargo, los dispositivos electrónicos llevan muchos otros minerales (como el cobre, el cobalto, el níquel, el litio o el platino) que, pese a extraerse de grandes proyectos industriales supervisados por el Estado, también pueden causar importantes daños en las comunidades afectadas y su medioambiente. Por eso fue un acierto que el Mobile Social Congress de Barcelona contase con activistas de tres países afectados por las políticas extractivistas (como son Chile, Armenia y Zambia) donde la explotación de esos otros “minerales olvidados” está poniendo en peligro la vida de muchas comunidades.
En el caso de Chile, Sebastian Smart, abogado, experto en derechos humanos y activista de la organización War on Want, presentó una reciente investigación sobre la explotación de cobre en la mina chilena de Los Pelambres. Chile posee el 29% de las reservas mundiales de este mineral, altamente demandado por las industrias electrónicas, y es uno de los principales exportadores a nivel mundial. El caso presentado por Sebastian, sin embargo, muestra cómo la construcción de una represa de desechos tóxicos —de similares características a la que reventó en enero de este año en Brumadinho, Brasil— ha provocado el desplazamiento forzoso de comunidades enteras y la pérdida de empleos en los sectores agrícolas de la región, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria.
Su presentación dio paso a la exposición de Anna Shahnazaryan, del Armenian Environmental Front, que expuso las problemáticas del extractivismo en Armenia, con un caso emblemático: la campaña “Salvemos el Amulsar”. Una región afectada por la minería, donde durante años una empresa ha intentado abrir una explotación a cielo abierto de oro en el monte Amulsar. Las comunidades de la zona temen que la erosión de la superficie deje al descubierto múltiples sustancias minerales que en contacto con el agua de lluvias, formen balsas tóxicas, afectando al ecosistema y los animales que beben de ellas. Algo que ya ha pasado en otras explotaciones cercanas. Gracias a la organización vecinal, se ha conseguido mantener un bloqueo en las rutas de acceso que ha impedido la puesta en marcha del proyecto hasta la fecha.
Linda Scott Jackobsson, de SuedWatch, fue la encargada de cerrar el panel de la mañana con el caso de la minería de cobre en Zambia, un país con altos índices de corrupción y una gran falta de transparencia. El trabajo de investigación que han realizado (y está todavía pendiente de publicación) se centra en el llamado “cinturón de cobre” un extenso territorio en la parte occidental del país, que colinda con la República Democrática del Congo y alberga grandes reservas de este mineral. La minería a gran escala allí es una actividad de alto riesgo, tanto desde un punto de vista medioambiental como social. Sin embargo, los planes del gobierno parecen seguir su curso pese a las protestas de las organizaciones locales.
El panel de la tarde titulado “Esclavitud moderna, trabajos forzosos y suicidios en las cadenas de suministro de la electrónica” se centró en la situación de las personas que trabajan en las plantas de ensamblaje de los dispositivos electrónicos en distintos países. Dimitri Kessler, del Economic Rights Institute, presentó la reciente investigación realizada con Electronic Watch sobre las condiciones de trabajo en las maquilas electrónicas en china y su relación con el suicidio. La investigación, basada en el análisis de 167 casos de suicidio, entrevistas en profundidad con 252 empleados de 4 fábricas y una encuesta a 5.592 empleados de 44 proveedores, asegura que el 48% de estos suicidios buscan presionar a las empresas para mejorar las condiciones de los trabajadores o denunciar a los supervisores agresivos o el personal de seguridad de las fábricas. No obstante, según dicha investigación, los suicidios son sólo la punta del iceberg. Por debajo subyacen unas condiciones de trabajo cada vez más brutales fruto de la presión económica por producir más por menos.
Algo similar relató el siguiente panelista, Robert Fridrich, del TSA, que describió las condiciones de trabajo en las fábricas de electrónica de Hungría. Allí el gobierno ha aprobó el pasado diciembre la polémica “ley de la esclavitud” donde se aprueba aumentar el número máximo de horas extra que una persona puede realizar al año de 200 a 400 horas. Dicha legislación ha suscitado numerosas protestas, y es un reflejo de las nuevas condiciones de esclavitud que se están impulsando en el país, y de manera muy especial en las fábricas de ensamblaje de la electrónica.
Por último, intervino Hanna Schling, antropóloga del King’s College de Londres, que en su investigación doctoral ha pasado tres meses conviviendo con los trabajadores de una fábrica de electrónica en la República Checa. La mayor parte de ellos viven hacinados en alojamientos muy precarios cerca de las fábricas, son en su mayoría inmigrantes que aceptan estas condiciones de infravivienda por miedo a perder el trabajo, y con él su permiso de residencia. La situación de las mujeres es particularmente delicada en este contexto, sobre todo para aquellas que llegan solas a trabajar en esas circunstancias.
La jornada concluyó con una “Install Party i Restart Party” organizada por asociaciones barcelonesas especializadas en reciclaje de electrónica, que utilizando las guías y herramientas del proyecto iFixIT quieren fomentar el aprendizaje de la ciudadanía en la reparación y el mantenimiento de sus dispositivos electrónicos para conseguir alargar su vida útil.
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