La Regulación europea sobre minerales en conflicto, también conocida como la regulación sobre suministro responsable de minerales, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021. Para esa fecha, cada Estado miembro de la UE debe haber designado una Autoridad Competente y especificado las normas de vigilancia de la aplicación a nivel nacional. Sin embargo, los avances en la aplicación varían mucho de un país a otro.
El lunes de la semana que viene el pleno del Parlamento Europeo debatirá el Informe del Comité de Asuntos Jurídicos sobre la diligencia debida de las empresas (2020/2129). Este es un informe que propone diferentes disposiciones legales para asegurar la responsabilidad de las empresas a la hora de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos y daños medioambientales en sus cadenas de suministro. También aborda el acceso a la justicia de aquellas personas y comunidades que hayan sufrido dichos abusos por parte de empresas europeas fuera de Europa.
“El cambio climático no es sólo la mayor emergencia medioambiental de nuestros tiempos, sino también una crisis sin precedente de derechos humanos”. Con esta frase comienza Energía para el cambio: Principios para las empresas y los gobiernos de la cadena de valor de las baterías, el documento de incidencia publicado por Amnistía Internacional el pasado mes de febrero y respaldado por otras 50 organizaciones, entre ellas Alboan.
Artículo de Sara Diego
La pandemia de covid-19 y la actualidad política de EEUU han protagonizado los titulares en este inicio del 2021. El primero, un virus que desde hace un año, ha sumido en el caos al mundo entero, y ha puesto en tela de juicio cuestiones sobre el modelo de desarrollo y sistemas actuales, que hasta ahora se consideraban inamovibles. El segundo, un cambio de presidencia, alimentado por D. Trump, sinónimo de ruido mediático, y por el inédito asalto al Capitolio. Ambas han acaparado nuestras miradas. Pero claro… no es para menos, ¿verdad? pues son dos temas de gran impacto global. Leer más
Vivimos en un mundo en el que el acceso a la justicia es desigual. Las empresas transnacionales gozan de toda una serie de garantías y salvaguardas legales que les permiten operar globalmente buscando maximizar sus beneficios. El capital puede moverse libremente y las empresas pueden desplazar su actividad allí donde las regulaciones medioambientales o laborales son más permisivas.
Desde Ingeniería Sin Fronteras, SETEM y Alboan llevamos años demandando una electrónica justa, debido a los graves impactos sociales y medioambientales que se producen a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de un producto electrónico. Unidas lanzamos este nuevo vídeo centrado en la extracción de minerales, para seguir luchando por cambiar esta situación. Pero no estamos solas sino que junto a nosotras otras organizaciones trabajan también por ello, y entre todas unimos nuestras fuerzas con el fin de sensibilizar a la ciudadanía, fabricantes, instituciones políticas y administraciones públicas.
La centralidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestras sociedades es un hecho indiscutible. Lo era antes de la pandemia de COVID-19, pero en lo que llevamos de año hemos ido constatando esta realidad a diario. Las medidas de confinamiento adoptadas en los primeros meses de 2020 aceleraron la expansión y consolidación del teletrabajo, el comercio digital y, en general, toda la actividad online. Este giro hacia una sociedad digital es una apuesta de las instituciones que está transformando las organizaciones públicas y privadas, así como nuestra relación con ellas.
La 26º cumbre climática de la ONU, conocida como COP26, iba a tener lugar en Glasgow del 9 al 19 de noviembre de este año. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19 fue pospuesta hasta 2021. A pesar del aplazamiento no hay dudas de que será un hito decisivo para el futuro de nuestro planeta. Esta es una década importante para la lucha contra el cambio climático, y el mundo necesita más que nunca una respuesta enérgica, que permita alcanzar los objetivos de reducción de emisiones propuestos en el Acuerdo de Paris, sin olvidarse del progreso social y económico de los países pobres, que son a menudo los más vulnerables a los efectos de la crisis climática y quienes menos contribuyen al calentamiento global.
Desde que lanzamos la campaña Tecnología Libre de Conflicto, allá por 2014, uno de nuestros objetivos ha sido el de abrir una conversación pública sobre el “lado oculto” de nuestros dispositivos electrónicos. Año tras año hemos ido exponiendo los diferentes impactos sociales del consumismo electrónico en las minas del este del Congo o Colombia, así como los impactos socioambientales de la tecnología.
Esta semana comienza en Ginebra la 6º ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre. Desde ALBOAN venimos haciendo seguimiento de este proceso a través del grupo de Trabajo sobre Regulaciones Corporativas e Industrias Extractivas de CIDSE, la familia de ONG católicas por la justicia social. Como hicimos el año pasado durante la quinta ronda de negociaciones, este año publicamos una nueva contribución conjunta que será presentada esta semana a las diferentes delegaciones nacionales que participan en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental.