La buena noticia canadiense

ombusdman canadaLas personas y organizaciones que nos dedicamos a hacer un seguimiento del sector extractivo en diferentes partes del mundo estamos acostumbradas a escuchar malas noticias.

Las peores, como es obvio, se refieren al asesinato de activistas y defensores de derechos, el desplazamiento de comunidades, serias violaciones de derechos humanos, accidentes ambientales, dudosas concesiones mineras, actos de corrupción de todo tipo y deterioro del clima social en los territorios de extracción.

Estamos acostumbradas a analizar situaciones complejas de lucha y resistencia donde predominan las asimetrías de poder, unas difíciles relaciones entre los diferentes actores, y entramados legales, políticos y administrativos confusos y altamente heterogéneos.

Nuestro punto de partida parte por reconocer que no todas las comunidades se oponen por igual, en bloque y de forma homogénea, a los proyectos extractivos. Ni todo el sector extractivo, en bloque, actúa en todas partes con los mismos criterios.

En cualquier caso, en nuestro quehacer cotidiano abundan las malas noticias.

Estamos habituadas a analizar situaciones particularmente delicadas, en las que se involucra población especialmente vulnerable, como pueblos indígenas y comunidades campesinas, y en donde se contraponen modos de vida y visiones opuestas de lo que significa el desarrollo y el bienestar.

Lo cierto es que no hay soluciones mágicas ni fórmulas universalmente aplicables que establezcan las mismas condiciones para todas las poblaciones y territorios por igual en lo concerniente a las inversiones y explotaciones de carácter extractivo.

A nivel internacional, se ha avanzando lentamente en una mejor ordenación del sector, como es la Iniciativa de Transparencia para el Sector Extractivo (EITI, por sus siglas en inglés) o los avances que se han producido con respecto al Consentimiento Libre Previo e Informado, inicialmente formulado en el Convenio 169 de la OIT.

La lucha por la justicia en el sector extractivo es un fiel reflejo de esta realidad. El espectro de visiones y estrategias existentes sobre los proyectos extractivos entre las organizaciones de solidaridad y desarrollo es particularmente amplio.

Desde organizaciones que se oponen a cualquier proyecto extractivo en cualquier lugar del mundo hasta organizaciones que apuestan por el cumplimiento de unos derechos y estándares mínimos, o que valoran la pertinencia o no de los proyectos extractivos en función de una localidad, una población, un mineral específico o un “bien mayor” para un mayor número de gente.

Entre todo este embrollo de organizaciones y de luchas, es particularmente difícil vislumbrar un escenario de esperanza a nivel global.

Por eso queremos destacar la buena noticia canadiense que nos pone de acuerdo a la mayoría de organizaciones que luchamos por la justicia en la minería: i) la aprobación por parte del gobierno canadiense de la figura de un defensor del pueblo (ombusdman) para el sector extractivo canadiense que opera en el extranjero.

Durante 10 años, la organización católica canadiense Development & Peace ha mantenido una campaña que demandaba esta figura. En marzo de 2016, las organizaciones jesuitas que componemos la red Justice in Mining (JiM) apoyamos la campaña.

Es una buena noticia que queremos celebrar desde nuestra red. Un pequeño paso, imperfecto sin duda, pero que siembra un grano de esperanza. Es la buena noticia canadiense que celebramos hoy, y que observaremos con atención en el futuro.

Alicia Aleman Arrastio
24 de enero de 2018

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