Artículo de Sara Diego
La pandemia de covid-19 y la actualidad política de EEUU han protagonizado los titulares en este inicio del 2021. El primero, un virus que desde hace un año, ha sumido en el caos al mundo entero, y ha puesto en tela de juicio cuestiones sobre el modelo de desarrollo y sistemas actuales, que hasta ahora se consideraban inamovibles. El segundo, un cambio de presidencia, alimentado por D. Trump, sinónimo de ruido mediático, y por el inédito asalto al Capitolio. Ambas han acaparado nuestras miradas. Pero claro… no es para menos, ¿verdad? pues son dos temas de gran impacto global.
La Amazonía también lo es, pero poca atención mediática recibe. Concretamente, para el mantenimiento de la vida en la tierra, gracias a que la biodiversidad de su ecosistema es clave, entre otras, en la regulación del ciclo del agua y la estabilidad climática del planeta. Sin embargo, la actualidad del impacto de la industria extractiva y el mercado del petróleo en la Amazonía ecuatoriana no ha logrado hacerse hueco entre los grandes titulares del Norte global, a pesar de que su relevancia así lo merezca. Y es que, la presión generada por la publicación de un informe sobre los daños de la industria petrolera en Ecuador, ha provocado que tres grandes bancos europeos abandonen la financiación del petróleo en dicho país. ¿Quieres saber por qué?
La industria extractiva es aquella que tiene su origen en la extracción de recursos naturales en su estado original. En la Panamazonía, la minería y la extracción de petróleo, tienen asignadas para su actividad 208 millones de hectáreas (24,5% de la superficie total de selva) (RAISG). Cifras que se traducen en impactos ambientales, sociales y económicos que atentan directamente contra los derechos humanos y de los pueblos indígenas, el mantenimiento del ecosistema y su biodiversidad, y por consiguiente, contra la vida. Estas consecuencias no sólo afectan a nivel local, también lo hacen a nivel internacional, y además, nos comprometen y responsabilizan, dado que, a pesar de no contar con grandes reservas naturales de petróleo, nuestro consumo per cápita es mucho mayor que el de muchos países ricos en este bien. De hecho, tres de los nueve países que conforman la Panamazonía están entre los 20 primeros con mayores reservas de petróleo del mundo: Venezuela (1º), Brasil (14º) y Ecuador (17º). Esto evidencia que la integración de las economías de estos países al mercado global depende de un modelo económico basado en la industria extractiva, aunque esto suponga la violación de derechos de la Amazonía -territorio y pobladores-. Tanto es así que los bancos europeos Credit Suisse, ING y BNP Paribas no han cesado su actividad, hasta no sentirse presionados por la reciente publicación de un informe elaborado por Amazon Watch y Stand Earth, que les responsabiliza de financiar, en la última década, más del 50 % del comercio de petróleo amazónico. Así lo expresa Marlon Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE): “[…] los bancos que financian esta destrucción son cómplices de lo que es una amenaza genocida para nosotros y una amenaza existencial para la humanidad y nuestro planeta”.
No es la primera vez que escuchamos que la Amazonía está amenazada, pero no es habitual que grandes entidades bancarias adopten políticas contra el extractivismo en el territorio. “Es una esperanza respaldada por una acción”, comenta el Coordinador General de la COICA, G.J Mirabal. Sin embargo, son necesarias más acciones de esperanza. Y es que la industria del petróleo en territorio amazónico impacta directamente en la contaminación de sus tierras y ríos a causa de la ruptura de oleoductos y derrames; aumenta la deforestación para construir instalaciones y carreteras de acceso; y por tanto, impacta sobre la fauna y flora y el equilibrio climático. Estos daños ambientales están estrechamente relacionados con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, quienes ven amenazada su seguridad alimentaria y el acceso al agua, y sufren efectos en la salud por enfermedades derivadas y potenciadas por la contaminación de sus principales fuentes de vida: los ríos, la flora y la fauna. Además, según la RAISG, considerando únicamente la industria minera y petrolera, el 22% de los territorios indígenas y zonas protegidas de la Amazonía están amenazadas. Por lo que, a los impactos mencionados, se suma el desplazamiento de poblaciones indígenas que sufren la invasión de sus comunidades y hogares; y la persecución y asesinatos a líderes, lideresas y activistas, defensores y defensoras de vida.
Con todo, es asombroso que gobiernos y empresas nacionales e internacionales omitan estos ataques y continúen construyendo y alimentando modelos basados en la vulneración de derechos. Un claro ejemplo, aunque no el único, es J. Bolsonaro, presidente de Brasil, quien desde que llegó al gobierno en 2019, ha apostado por políticas que “han acelerado la destrucción de la selva amazónica”. Así lo declaraban los dos líderes indígenas Raoni Metuktire y Almir Narayamoga Surui, que el pasado 27 de enero, demandaron en La Haya al presidente brasileño por crímenes contra la humanidad.
No obstante, es igualmente asombroso que nosotros y nosotras crucemos los brazos ante esta realidad de la que formamos parte. Por eso, en Alboan, en alianza con organizaciones locales e internacionales, trabajamos por la construcción de una ciudadanía global, crítica y comprometida para transformar las estructuras generadoras de exclusión y promover nuevas relaciones sociales y económicas. En esta línea, Patricia Gualinga, coordinadora del Colectivo Mujeres Amazónicas insta a “[…] una transición profunda hacia la vida del planeta, hacia cuidar nuestra Amazonía, hacia ver que se han cometido injusticias por cientos de años, y que nosotros y nosotras estamos aquí, luchando, resistiendo y diciendo que se puede hacer el cambio, que se puede vivir sin destruir la vida del planeta Tierra, sin destruir el futuro de las generaciones que vienen […]” y es que, ¿hay algo más importante que la vida?